Apreciado
reportero y columnista Antonio José Caballero
Envío esta nota
personal sin interés alguno en rectificaciones y como siempre con profundo
respeto por el derecho a opinar libremente, sobre todo cuando esa opinión sale
de una de las plumas periodísticas más experimentadas de Colombia y que sin
duda, además, actúa como siempre lo ha hecho, de buena fe. Sobraría decir que
estamos de acuerdo en la urgencia de la paz y sobraría, si no fuera porque
usted se pregunta en la última columna de El País, ¿Qué aportó la Comisión de
congresistas que se reunió en La Habana a instancias del presidente Santos y
del Alto Consejero para la Paz, Sergio Jaramillo?
Estoy seguro
que usted no sabe que reemplacé a Piedad Córdoba como presidente de la Comisión
de Paz del Senado hace ya más de 2 años -y que en ejercicio de esas
responsabilidades-, desarrollamos más de 40 foros y audiencias públicas, bajo
el lema “Legislar para la Paz”. Que al primero de ellos, organizado con la
Revista Semana el día 23 de mayo de 2011, animamos al presidente Santos a
asistir, a pesar de que en esa temprana hora de su gobierno el tema de la paz
parecía difícil de priorizar, -siendo el suyo el gobierno heredero de la
Seguridad Democrática-. Felizmente, el presidente Santos asistió y los foros derivaron en unas
mesas de trabajo que coordinó el hoy Fiscal General, Eduardo Montealegre, en su
condición de ex presidente de la Corte Constitucional. De allí nació el Marco
para la Paz o Marco de Justicia Transicional, el cual presenté como iniciativa
legislativa, con mi firma, bajo mi responsabilidad y en compañía de nueve
legisladores más. Hoy, después de un año de difícil pero exitoso trámite, esa
reforma aprobada es el hecho constitucional que permitió abrir la mesa de
diálogo de la Habana. Luego, como sabe
el país, organizamos desde el Congreso las Mesas Regionales de Paz, cuyos
resultados fueron coordinados con Naciones Unidas y que contiene más de 3000
propuestas de colombianas y colombianos de nueve regiones del país, que fueron
entregadas a través de los países amigos a los negociadores. En esta última
etapa consideré -y sigo considerando- indispensable cambiar las balas por la
palabra. Para eso es inevitable la participación política y ésta sólo puede
lograrse en las Democracias, por medio de elecciones legítimas. Tales elecciones
son en marzo y mayo. Es un mandato constitucional.
De otra parte,
NO podrán las Farc, ni ningún grupo ilegal, participar en elecciones sin haber
resuelto su situación jurídica, a través de una ley estatutaria que tendría que
aprobarse en el segundo semestre de este mismo año. El Congreso que presido
decidió no aprobar ni una coma de ninguna ley que otorgue beneficio alguno a
las Farc, mientras no liberen a todos los secuestrados y mientras no firmen el
acuerdo de paz. Está escrito. Por esta razón resolvimos plantearle al Gobierno
que el anuncio de considerar el mes de noviembre, como una fecha posible para
la firma de ese acuerdo es un error que sólo deja planteadas posibilidades
extralegales o jurídicamente inestables, para permitir esa participación
política; y me refiero en particular a
la caja de pandora de una constituyente o a la fragilidad de unos decretos de conmoción
interior para restituir curules de la UP. A eso fuimos a la Habana, a decirle a
las Farc que se equivocan si piensan en diálogos eternos, a explicarles el Marco
de Justicia Transicional que no conocían, y a decirles –asunto en el que insistió
con vehemencia- que el segundo punto no puede ser el de la participación política,
sino el reconocimiento de las víctimas, por eso a partir del 9 de abril
avanzaremos en la segunda ronda de las Mesas Regionales de Paz cuyo tema
central serán, por supuesto, las víctimas. Así que esa visita no fue coyuntural
ni aislada, sino fruto de un trabajo intenso
de construcción de escenarios para la paz en el que perseveraremos.
Roy Barreras
Presidente del
Senado
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